Retraso en la Administración de Justicia


17 de Junio, 2013
Autor: Miguel Ángel Pedrajo

¿Quien no conoce aquella frase, a medio camino entre el refrán y la maldición, que dice “pleitos tengas y los ganes”? Quienes nos movemos en el mundo de las actividades empresariales, con frecuencia nos vemos en la necesidad de tramitar algún tipo de licencia, permiso, concesión o autorización administrativa ante alguna de las múltiples administraciones públicas del Estado Español, autorizaciones que no siempre nos son otorgadas y cuya situación nos aboca a interponer el correspondiente recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo competente. En estos lances no es infrecuente entrar en el Juzgado con la razón y salir condenado, aunque lo peor de todo es que la resolución del pleito –la sentencia- se produce, por regla general, varios años después, lo cual tiene como consecuencia que, aún en el caso de que Su Señoría te de la razón, la sentencia llega muy tarde, pues la actividad –la empresa- estuvo paralizada durante todo ese tiempo, con las nefastas consecuencias que ello conlleva para el negocio. Por eso, tal vez la famosa frase quedaría completa si le añadiéramos la coletilla “…porque, aun ganando, pierdes”.

 

La lentitud de la Justicia española no es cosa nueva, ni exclusiva de los juzgados de lo contencioso. Por eso, resulta oportuno hacerse eco de una noticia difundida recientemente por la agencia EUROPA PRESS que ilustra ese defecto crónico del sistema judicial español, relativa a que un juzgado contesta a una demanda por separación matrimonial doce años después de presentarse. Evidentemente, el asunto nada tiene que ver con lo contencioso-administrativo ni con las actividades empresariales, pero tiene tintes de aviso para navegantes.

 

Un juzgado de instrucción de Almería ha dado respuesta a una pareja que se encontraba inmersa en un proceso de separación matrimonial 12 años y medio después de que solicitasen al órgano judicial que dejase sin efecto la citada separación y las medidas adoptadas al respecto.

 

La diligencia de ordenación, dictada el pasado 31 de mayo y notificada a las partes el día 4 de junio, requiere a los dos cónyuges para que indiquen al juzgado “si mantienen y verifican” el contenido del escrito presentado el 25 de enero de 2001, “visto”, según remarca, el tiempo transcurrido desde su presentación.

 

En el escrito de 2001 al que se da respuesta ahora, la pareja comunicó al juzgado que, “por razones que no vienen al caso”, habían tomado la decisión de “reanudar la convivencia conyugal”.

 

Así, solicitan, en cumplimiento del artículo 84 del Código Civil y concordantes, que “se deje sin efecto” tanto la separación como las medidas “correspondientes”. “Por ello, se acordará día y hora para la correspondiente ratificación de lo expuesto”, dice.

 

En respuesta a este escrito, el 31 de mayo, el juzgado instructor ordena unirlo a la causa abierta de separación matrimonial y, “visto el tiempo transcurrido”, requiere a los cónyuges para que digan si mantienen el contenido para, una vez verificado, acordar “lo que proceda”.

 

Tal vez, vista la habitual y pertinaz lentitud de la Justicia, la solución sea no recurrir a ella. ¿Para qué? Eso no es justicia.

 

Vista la forma en que últimamente se resuelven algunos asuntos, en que los afectados tienen que recurrir para ello a escraches y otras manifestaciones públicas que podrían calificarse un tanto eufemísticamente como “contundentes”, tal vez el siguiente paso que estén dispuestos a dar algunos sea la reinstauración de una especie de “Corte Revolucionaria”, al estilo de la instaurada en París durante la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII.

  

Esperemos que, de ser así, esta vez no rueden cabezas. Cabezas que, por cierto, ya están rodando desde hace años en España, por centenares de miles, a manos de la guillotina de la crisis y el paro. Crisis que está convirtiendo a empresarios y trabajadores en inadaptados, en personas de otro planeta, pero, al contrario que Superman, sin superpoderes, lo que les aboca a la desesperación sin que la Justicia ni el resto de poderes públicos contribuyan eficazmente a remediarlo.

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